Juan Andrés Fontaine: ¿Se viene el populismo educacional?

El desastre del Transantiago ha alterado el clima político. La popularidad del Gobierno cae verticalmente. Cunde el nerviosismo en las filas del oficialismo. Renacen las expectativas electorales en la Alianza. La competencia política es sana porque permite mejorar la oferta de políticas públicas. Pero hay riesgos que ella desemboque en una carrera populista. Dos acontecimientos recientes deben servir como llamado de atención: uno, comparativamente menor, es el traspié parlamentario del Plan Chile Invierte; el otro, de carácter grave, es la reforma planteada para nuestro sistema educacional.

La principal medida pro inversión impulsada por el ministro Andrés Velasco ha sido torpedeada desde la Concertación. La fórmula de depreciación acelerada, aún si es temporal, es un poderoso estímulo a la inversión y la generación de empleos. Contrariamente a lo que dicen sus detractores, favorece especialmente a las empresas con escaso acceso al crédito (o alto costo de capital) entre las que se encuentran las PYME. Desde luego, ayuda a sólo aquellas que tienen expectativas de ganancia y planes de expansión. Hay otras que por su mal estado ameritan un tratamiento diferente. Pero, la desgravación tributaria propuesta del ministro Velasco es positiva para el crecimiento de todas las empresas y debió ser respaldada. La resistencia que ella ha despertado en influyentes líderes de la Concertación no hace sino confirmar que a ese bloque político le es ideológicamente difícil abrazar una genuina agenda en pro del crecimiento.

Ha llamado la atención que la iniciativa haya sido rechazada también por los senadores de la Alianza. Pero ello no debe sorprender. Su planteamiento es que la rebaja tributaria planteada es insuficiente, que debe ser reforzada con otras medidas a favor de las PYME. Se ha hablado de eliminar el impuesto al crédito y que la pequeña empresa tribute sólo sobre la renta retirada. Su voto de rechazo es táctico y no implica una discrepancia de fondo. La holgada situación presupuestaria permite al Gobierno hacer más por la inversión y la productividad. El proyecto de ley pasa ahora a comisión parlamentaria mixta, y allí sólo la tozudez política puede impedir un buen acuerdo para el bien de Chile.

Mucho más grave que esta escaramuza es el populismo educacional que revela el proyecto del Gobierno que sustituye la ley orgánica respectiva. Como se recordará, esta iniciativa proviene de las travesuras protagonizadas por los llamados pingüinos un año atrás, que dieran lugar luego a una amplia comisión de estudio. En ella el trabajo de los expertos consiguió acuerdos sensatos para perfeccionar el sistema vigente. Por cierto, estas propuestas estaban lejos de satisfacer las irreflexivas demandas de los estudiantes. Enfrentado a la amenaza de una nueva ola de protestas, el Gobierno ha optado por despachar al Congreso un proyecto populista, que mina las bases de nuestro sistema educacional.

Su centro de atención del no es el mal funcionamiento de la educación municipal, como debería serlo, sino la educación privada subvencionada. Específicamente, limita la iniciativa privada en el sector, prohibiendo a los establecimientos educacionales detentar fines de lucro e impidiendo la selección de estudiantes de enseñanza básica en las escuelas subvencionadas.

En su controvertido artículo 44, el proyecto excluye del reconocimiento estatal a todo establecimiento particular con fines de lucro, sea que reciba o no apoyo estatal. La Presidenta Bachelet y varios ministros, han negado que ese sea su espíritu, pero el texto así lo dice y hace extensiva la restricción incluso a los parvularios de barrio.

Tampoco hace ningún sentido circunscribir la prohibición a los establecimientos particulares subvencionados. El argumento que contiene el mensaje del proyecto de ley es insostenible. Porque la educación es un bien público, dice, “en caso alguno puede ser un negocio”. Desde luego ello es aplicable también a los colegios pagados, la salud, la vivienda social, las carreteras, las cárceles y tantos otros servicios de bien público en los que hoy buscamos interesar la iniciativa empresarial. Tampoco vale la justificación planteada por la autoridad, en cuanto a que se procuraría impedir el desvío de los dineros públicos hacia otros fines. Las entidades con fines de lucro suelen estar estrictamente vigiladas por sus dueños, sus acreedores y el Servicio de Impuestos Internos. En cambio, no siempre ocurre que las sociedades de beneficencia tengan sus cuentas claras.

Nuestro sistema educacional promueve la sana competencia entre los colegios para captar más y mejores alumnos, parcialmente financiados por la subvención escolar. Impedir la incursión en el terreno educacional de emprendedores con fines de lucro es cerrar la puerta a la competencia y la innovación. El proyecto eleva los requisitos de entrada y hace intransferible la calidad de sostenedor. Está bien que el estado controle la calidad e idoneidad de los nuevos colegios, pero no se ve por qué deban interesarse en conocer las calificaciones profesionales de sus dueños. ¿Qué propósito, sino burocratizar o estatizar, busca el Gobierno al imponer cortapisas a la inversión en un sector tan huérfano de capacidad de gestión?

La iniciativa gubernamental impide la selección de alumnos en la enseñanza básica que reciba aporte estatal. Ni siquiera el mérito vale. Sólo permite la selección por sorteo. Adicionalmente, la expulsión por mal rendimiento o por repetir curso queda prohibida en todo el sistema educacional. El propósito de esta disposición es eliminar el supuesto sesgo elitista de las escuelas y liceos de excelencia, pero estos son el mejor vehículo de ascenso social para los sectores de ingresos medios y bajos. La propuesta obliga a los establecimientos a nivelar su calidad hacia abajo. Además, impide a las escuelas ofrecer y cautelar sus propios proyectos educacionales, los cuales ya no podrán exigir a los alumnos compartir ciertos valores o poseer ciertos talentos, por ejemplo, artísticos o deportivos.

Todo esto atenta contra la libertad de elección en educación. La mitad de los estudiantes han sido voluntariamente enviados a escuelas privadas subvencionadas, y cerca del 50% de ellas tienen fines de lucro. De acuerdo a una encuesta de la Universidad del Desarrollo, casi un 70% de los padres querrían que sus hijos asistieran a una escuela particular subvencionada. La calidad académica es lejos lo que más valoran. Un 76% ellos prefieren la selección por mérito, sólo un 7% se inclina por el sorteo previsto en el proyecto.

Los expertos han discutido largamente y logrado importantes acuerdos en torno a las reformas que nuestro sistema educacional necesita para prestar un servicio de calidad. El proyecto gubernamental no los recoge. Por ejemplo, en lugar de prohibir la selección hay que establecer una subvención diferenciada según el nivel socio económico del alumno y facilitar el financiamiento compartido. Hay que oírlos, para detener el populismo educacional. Leer más...

Fuente: Diario La Segunda