Iniciativa plantea reemplazar Consejo Superior de Educación [CSE] por una instancia que también considere a estudiantes y apoderados, tal como lo exigía el Bloque Social. Además, incluye restricciones para la instalación de colegios, como demostrar patrimonio, un nivel educacional competente y un giro único ante el SII.
Este jueves -o a más tardar el lunes- el Gobierno ingresará al Congreso el proyecto de ley que permitirá derogar la actual Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza [LOCE], la que además de contemplar la eliminación de los procesos de selección -hasta sexto básico- en los colegios públicos, incluirá la creación de un Consejo Nacional de Educación [CNE] y exigentes medidas para transformarse en sostenedor de algún establecimiento educacional.
Según supo El Mostrador.cl, la nueva entidad será el resultado de la modificación del actual Consejo Superior de Educación [CSE], organismo que nació junto a la LOCE, legislación que ha sido duramente criticada por algunos sectores de la sociedad chilena, ya fue promulgada por el régimen militar un día antes que Patricio Aylwin asumiera la Presidencia de la República.
La actual función del CSE es garantizar niveles mínimos de calidad para la educación superior, no obstante, suma a sus funciones la evaluación del marco curricular para la enseñanza escolar, tanto básica como media. Está compuesta por diez miembros, entre ellos representantes de las Fuerzas Armadas, pero no incorpora a alumnos, padres y apoderados, cuya participación que sí estaría considerada en el diseño del CNE.
La creación de este organismo no figura explícitamente entre las propuestas del Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación, que sesionó el año pasado luego de las protestas y toma de establecimientos por parte de los secundarios, que pusieron el tema en la agenda del recién llegado gobierno de Michelle Bachelet. Sin embargo, sí recomienda la modificación del CSE.
'El CSE debería tener la tarea de velar por la continuidad de las políticas educacionales, aprobar el currículum, los estándares para juzgar el desempeño del sistema y los requisitos de egreso de cada nivel de enseñanza. Esto exige, una composición del CSE más representativa de la sociedad y que cuenten con personas que posean conocimiento y familiaridad con el sistema escolar”, plantea el informe elaborado en su momento por el Consejo Asesor.
No obstante, la propuesta del CNE como tal sí aparece en el informe paralelo que presentó el Bloque Social tras marginarse del Consejo Asesor el año pasado. Este movimiento, compuesto por secundarios, universitarios, docentes, paradocentes, y padres y apoderados, entiende de la siguiente forma su conformación.
'El Consejo Nacional de Educación refuerza la línea de participación de la comunidad nacional [junto a los Consejos Escolares y los Consejos Escolares Territoriales]. Está integrado por representantes del Mineduc, universidades, profesorado, padres y apoderados, estudiantado y actores relevantes del mundo educativo nacional. En consecuencia, se elimina la participación de las Fuerzas Armadas y de instituciones que no jueguen un rol fundamental en educación. Será asesor directo del Ministro de Educación, pudiendo ser resolutivo en los aspectos que se determinen”, se describe en la contrapropuesta de los disidentes.
Lo que no está completamente claro es que si su rol será técnico, como hasta ahora lo es el CSE, consultivo o resolutivo, como quisiera el Bloque Social.
Más exigencias para sostenedores
La fecha del envío del proyecto al Congreso sólo depende de la evaluación que está haciendo el Gobierno en términos de impacto comunicacional por las actividades de semana santa de estos días, pero, como sea, los parlamentarios podrán comenzar el debate el martes a más tardar.
De acuerdo a las fuentes de El Mostrador.cl, el paquete de reformas del Ejecutivo contemplaría tres leyes: la que derogará la LOCE, la que evaluará el marco institucional –Superintendencia de Educación, entre otros-, y una relativa a la municipalización.
Se cree que la propia Presidenta Bachelet será la encargada de dar a conocer todo el detalle de la iniciativa que busca garantizar el derecho a una educación de calidad, principio que hasta ahora ha sido desplazado por la libertad de enseñanza en la LOCE.
Esa “libertad” es la que también ha sido cuestionada por sectores como el Bloque Social, quienes lamentan que la educación haya sido entregada al mercado permitiendo la creación indiscriminada de establecimientos, sin ningún control real de parte de autoridades como el Ministerio de Educación, quienes no tienen más herramientas que las que le ofrece la LOCE para evitar la entrada de malos sostenedores al sistema.
Es por ello, que el Ejecutivo también aumentará las exigencias para quien quiera colocar un establecimiento educacional. Por ejemplo, será requisito obligatorio tener un giro único ante el Servicio de Impuestos Internos [SII], que esté claramente relacionado con la educación y no otro tipo de actividades comerciales. Por ejemplo, la sociedad Inversal, administradora de los cuestionados colegios Britania de Manuel Hidalgo, no sólo tenían giro de establecimiento de enseñanza primaria, sino que también sobre arriendo de capitales mobiliarios.
El proyecto gubernamental también pedirá que los sostenedores demuestren patrimonio y antecedentes académicos acorde con el proyecto educativo que se intenta emprender, y no sólo cuarto medio rendido como ocurre hoy.
A todo lo anterior, se agrega la obligación de rendir cuentas [accountabillity] a todos los establecimientos que reciban subvención del Estado, con el fin que los padres, apoderados y alumnos, puedan identificar a los responsables de la mala calidad de la educación que están recibiendo.
Quienes han seguido el debate consideran que la rendición de cuentas no generaría mayor problema entre los actuales sostenedores, porque sólo se estaría modernizando la obligación que tienen quienes administran recursos estatales. Sin embargo, advierten que sí podría ser un punto de polémica la obligación de contar un giro único, especialmente si se esta medida se aplica en forma retroactiva a colegios en la actualidad por personas naturales y no jurídicas.
Adicionalmente, la nueva LOCE buscaría garantizar la calidad de la enseñanza, teniendo como parámetro referencia los Mapas de Progreso del Aprendizaje [MPA], herramienta educativa que permite, visualizar la realidad de los aprendizajes de cada alumno a lo largo del ciclo escolar y que dio a conocer este lunes la Ministra de Educación.
Al anunciar el envío de la reforma de la Ley Orgánica el Gobierno también daría a conocer la creación de una Superintendencia de Educación y la anhelada reforma al sistema municipal.
Fuente: Diario El Mostrador
