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jueves, 7 de junio de 2007

Nueva LOCE contempla Consejo de Educación y más exigencias a Sostenedores


Iniciativa plantea reemplazar Consejo Superior de Educación [CSE] por una instancia que también considere a estudiantes y apoderados, tal como lo exigía el Bloque Social. Además, incluye restricciones para la instalación de colegios, como demostrar patrimonio, un nivel educacional competente y un giro único ante el SII.

Este jueves -o a más tardar el lunes- el Gobierno ingresará al Congreso el proyecto de ley que permitirá derogar la actual Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza [LOCE], la que además de contemplar la eliminación de los procesos de selección -hasta sexto básico- en los colegios públicos, incluirá la creación de un Consejo Nacional de Educación [CNE] y exigentes medidas para transformarse en sostenedor de algún establecimiento educacional.

Según supo El Mostrador.cl, la nueva entidad será el resultado de la modificación del actual Consejo Superior de Educación [CSE], organismo que nació junto a la LOCE, legislación que ha sido duramente criticada por algunos sectores de la sociedad chilena, ya fue promulgada por el régimen militar un día antes que Patricio Aylwin asumiera la Presidencia de la República.

La actual función del CSE es garantizar niveles mínimos de calidad para la educación superior, no obstante, suma a sus funciones la evaluación del marco curricular para la enseñanza escolar, tanto básica como media. Está compuesta por diez miembros, entre ellos representantes de las Fuerzas Armadas, pero no incorpora a alumnos, padres y apoderados, cuya participación que sí estaría considerada en el diseño del CNE.

La creación de este organismo no figura explícitamente entre las propuestas del Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación, que sesionó el año pasado luego de las protestas y toma de establecimientos por parte de los secundarios, que pusieron el tema en la agenda del recién llegado gobierno de Michelle Bachelet. Sin embargo, sí recomienda la modificación del CSE.

'El CSE debería tener la tarea de velar por la continuidad de las políticas educacionales, aprobar el currículum, los estándares para juzgar el desempeño del sistema y los requisitos de egreso de cada nivel de enseñanza. Esto exige, una composición del CSE más representativa de la sociedad y que cuenten con personas que posean conocimiento y familiaridad con el sistema escolar”, plantea el informe elaborado en su momento por el Consejo Asesor.

No obstante, la propuesta del CNE como tal sí aparece en el informe paralelo que presentó el Bloque Social tras marginarse del Consejo Asesor el año pasado. Este movimiento, compuesto por secundarios, universitarios, docentes, paradocentes, y padres y apoderados, entiende de la siguiente forma su conformación.

'El Consejo Nacional de Educación refuerza la línea de participación de la comunidad nacional [junto a los Consejos Escolares y los Consejos Escolares Territoriales]. Está integrado por representantes del Mineduc, universidades, profesorado, padres y apoderados, estudiantado y actores relevantes del mundo educativo nacional. En consecuencia, se elimina la participación de las Fuerzas Armadas y de instituciones que no jueguen un rol fundamental en educación. Será asesor directo del Ministro de Educación, pudiendo ser resolutivo en los aspectos que se determinen”, se describe en la contrapropuesta de los disidentes.

Lo que no está completamente claro es que si su rol será técnico, como hasta ahora lo es el CSE, consultivo o resolutivo, como quisiera el Bloque Social.

Más exigencias para sostenedores

La fecha del envío del proyecto al Congreso sólo depende de la evaluación que está haciendo el Gobierno en términos de impacto comunicacional por las actividades de semana santa de estos días, pero, como sea, los parlamentarios podrán comenzar el debate el martes a más tardar.

De acuerdo a las fuentes de El Mostrador.cl, el paquete de reformas del Ejecutivo contemplaría tres leyes: la que derogará la LOCE, la que evaluará el marco institucional –Superintendencia de Educación, entre otros-, y una relativa a la municipalización.

Se cree que la propia Presidenta Bachelet será la encargada de dar a conocer todo el detalle de la iniciativa que busca garantizar el derecho a una educación de calidad, principio que hasta ahora ha sido desplazado por la libertad de enseñanza en la LOCE.

Esa “libertad” es la que también ha sido cuestionada por sectores como el Bloque Social, quienes lamentan que la educación haya sido entregada al mercado permitiendo la creación indiscriminada de establecimientos, sin ningún control real de parte de autoridades como el Ministerio de Educación, quienes no tienen más herramientas que las que le ofrece la LOCE para evitar la entrada de malos sostenedores al sistema.

Es por ello, que el Ejecutivo también aumentará las exigencias para quien quiera colocar un establecimiento educacional. Por ejemplo, será requisito obligatorio tener un giro único ante el Servicio de Impuestos Internos [SII], que esté claramente relacionado con la educación y no otro tipo de actividades comerciales. Por ejemplo, la sociedad Inversal, administradora de los cuestionados colegios Britania de Manuel Hidalgo, no sólo tenían giro de establecimiento de enseñanza primaria, sino que también sobre arriendo de capitales mobiliarios.

El proyecto gubernamental también pedirá que los sostenedores demuestren patrimonio y antecedentes académicos acorde con el proyecto educativo que se intenta emprender, y no sólo cuarto medio rendido como ocurre hoy.

A todo lo anterior, se agrega la obligación de rendir cuentas [accountabillity] a todos los establecimientos que reciban subvención del Estado, con el fin que los padres, apoderados y alumnos, puedan identificar a los responsables de la mala calidad de la educación que están recibiendo.

Quienes han seguido el debate consideran que la rendición de cuentas no generaría mayor problema entre los actuales sostenedores, porque sólo se estaría modernizando la obligación que tienen quienes administran recursos estatales. Sin embargo, advierten que sí podría ser un punto de polémica la obligación de contar un giro único, especialmente si se esta medida se aplica en forma retroactiva a colegios en la actualidad por personas naturales y no jurídicas.

Adicionalmente, la nueva LOCE buscaría garantizar la calidad de la enseñanza, teniendo como parámetro referencia los Mapas de Progreso del Aprendizaje [MPA], herramienta educativa que permite, visualizar la realidad de los aprendizajes de cada alumno a lo largo del ciclo escolar y que dio a conocer este lunes la Ministra de Educación.

Al anunciar el envío de la reforma de la Ley Orgánica el Gobierno también daría a conocer la creación de una Superintendencia de Educación y la anhelada reforma al sistema municipal.

Fuente: Diario El Mostrador

viernes, 27 de abril de 2007

José Piñera: La llave del tesoro

José Piñera propone una transformación profunda del sistema chileno de educación. Piñera sugiere que en lugar de que exista un monopolio estatal, se liberalice el sector a través de la entrega de el "cheque educacional".
Gabriela Mistral, quizá la más notable de las profesoras chilenas y sin duda la más visionaria escribió:

"Me parece una calamidad el Estado docente, especie de trust para la manufactura unánime de las conciencias. Algún día los gobiernos no habrán sino de dar recursos a las instituciones y los particulares que prueben su eficacia en la educación...También pesó sobre mí el Estado docente, centurión que fabrica programas y que apenas deja sitio para poner sabor de alma".

Propongo esta otra reforma educacional porque la llave de la creación de riqueza en el siglo 21 será el cultivo de la inteligencia y el conocimiento humano:

  1. Establecer la más amplia libertad para proveer educación básica, media, técnica y superior, y la libertad de programas de estudios, eliminando toda intervención del gobierno en este campo.
  2. Transformar el Ministerio en una Superintendencia de Educación con profesionales de primer nivel, escogidos sin discriminación alguna, que evite todo fraude o uso malicioso de los subsidios estatales, y subcontrate en el sector privado el diseño y realización de diversas pruebas de calidad educacional.
  3. Licitar de manera transparente las actuales escuelas municipales, incentivando a los propios profesores a participar, y otorgar subsidios para la capacitación de directores y profesores.
  4. Entregar a principios de cada año un "cheque educacional" a cada familia chilena por cada hijo e hija en edad escolar para que pueda pagar, total o parcialmente, la escuela que libre, informada y responsablemente elija para ellos.
  5. Derogar el Estatuto Docente y establecer que los profesores se rijan por las mismas leyes laborales del resto de los chilenos.
  6. Utilizar el actual presupuesto de educación, como también una fracción relevante de los 20.000 millones de dólares que ha acumulado el Estado chileno, para financiar un monto de ese "cheque" coherente con el nivel que ha alcanzado la economía nacional, y solventar los gastos que pueda requerir la "economía política" de la transición, entre ellos capacitar en el exterior a miles de profesores cada año.

Estos principios, que son similares a los del exitoso sistema de AFP, conducirían a una competencia virtuosa por elevar la calidad educacional y capturar a las familias-clientes.

El valor de la chequera educacional, basado en la rentabilidad social bien medida de la educación, sería un barómetro de la importancia que la sociedad le asigna a la calidad de la educación, y un elemento determinante para alcanzar el nivel de capital humano y desarrollo de países como Australia o España.

Esta reforma produciría una verdadera revolución del sector educacional, como la que ha tenido lugar en los últimos 30 años, con resultados espectaculares, en todos los sectores liberalizados del país.

La flexibilidad inherente de la empresa privada permitiría incorporar, sin demora, los fabulosos avances tecnológicos que están ocurriendo en el mundo y ponerlos al servicio de elevar la calidad de la educación de los niños y jóvenes chilenos.

Las discusiones de remuneraciones se darían al interior de cada escuela entre los profesores y los dueños, se hablaría de productividad, capacidades individuales bien evaluadas y resultados docentes. Los mejores profesores ganarían más que los otros, y sería ese un incentivo poderoso para mejorar la calidad de las clases y el perfeccionamiento docente.

No habría paros nacionales que dañan a los más pobres. Los educadores tratarían de retener a los mejores profesores, pagándoles sueldos que reflejen su verdadero aporte y tratándolos con dignidad. Las escuelas invertirían en tecnología y banda ancha para tener acceso a bibliotecas virtuales y técnicas educativas modernas. Los padres se darían cuenta. Algunas escuelas se expandirían para atender al incremento de alumnos, otras cerrarían.

Habría una competencia entre investigadores y expertos por desarrollar diversas pruebas que midan lo mejor posible la "calidad educacional" de cada escuela. Todos los resultados estarían en Internet, por escuela, por barrio, por comuna. Se crearían empresas privadas clasificadoras de escuelas, como las que evalúan hoy el riesgo financiero. Con la ley antimonopolios mejorada y vigilante, y plena transparencia financiera y de instalaciones de cada escuela.

Sería un nuevo mundo educacional.

Del paradigma del Estado Docente del siglo 20 al paradigma de la Sociedad Docente coherente con el siglo 21.

Y que necesita, merece y puede lograr el nuevo Chile.

Mil voces me dirán que es imposible, que es un sueño.

Primero, soy testigo de que ha habido otros sueños que se han hecho realidad en este maravilloso país. Segundo, como escribiera el poeta Carl Sandburg: "Nada sucede si no es primero un sueño".

Este artículo fue publicado originalmente en El Mercurio (Chile) el 15 de abril de 2007. José Piñera fue el ministro del Trabajo y Previsión Social de Chile responsable de la reforma radical del sistema de pensiones en 1980 (www.josepinera.com), es co-presidente del Proyecto para la Privatización de la Seguridad Social del Cato Institute, y presidente del International Center for Pension Reform (www.pensionreform.org).

Provoste destaca rol de apoderados en debate deproyecto de Educación.


La secretaria de Estado se reunió con dirigentes de centros de padres y apoderados, oportunidad en la que señaló que ladiscusión sobre el proyecto que cambia la LOCE debe abrirse a puntos más allá del lucro y la selección.

Un importante rol en el debate en torno al proyecto de Ley General de Educación tendrán los padres y apoderados, aseguró este sábado la ministra del ramo, Yasna Provoste.

La secretaria de Estado hizo esta afirmación luego de reunirse con dirigentes de centros de padres y apoderados, cita tras la cual indicó que la discusión sobre el proyecto debe abrirse a puntos que más allá del lucro y la selección, que han marcado el debate a través de los medios de comunicación.

Según informó radio Cooperativa, la ministra indicó que el Estado busca asignar un importante rol a este sector, considerando que la iniciativa, que comenzará a ser debatida el martes próximo en la Cámara de Diputados "recoge un largo anhelo de los padres y madres".

Asimismo, destacó que el proyecto "reconoce la participación a través de los consejos escolares como un requisito fundamental para obtener un reconocimiento oficial, pero también esta ley permite que todos los miembros de la comunidad educativa conozcan a cabalidad cuáles son los profesores y profesoras que están enseñando a sus niños".

Por su parte, el presidente de los apoderados de colegios técnico-profesionales, José Alvarado, estimó que será responsabilidad de todos los sectores que el Parlamento apruebe el mejor texto posible.

"El camino va hacia lo que todos estábamos pidiendo. Estábamos pidiendo una mejor calidad de educación, que en el fondo es el tema. Hay varias aristas que han ido naciendo y que se han ido tomando y que se le han dado más importancia que el objetivo general", señaló.

Fuente: Diario El Mostrador