Nueva LOCE contempla Consejo de Educación y más exigencias a Sostenedores

Iniciativa plantea reemplazar Consejo Superior de Educación [CSE] por una instancia que también considere a estudiantes y apoderados, tal como lo exigía el Bloque Social. Además, incluye restricciones para la instalación de colegios, como demostrar patrimonio, un nivel educacional competente y un giro único ante el SII.

Este jueves -o a más tardar el lunes- el Gobierno ingresará al Congreso el proyecto de ley que permitirá derogar la actual Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza [LOCE], la que además de contemplar la eliminación de los procesos de selección -hasta sexto básico- en los colegios públicos, incluirá la creación de un Consejo Nacional de Educación [CNE] y exigentes medidas para transformarse en sostenedor de algún establecimiento educacional.

Según supo El Mostrador.cl, la nueva entidad será el resultado de la modificación del actual Consejo Superior de Educación [CSE], organismo que nació junto a la LOCE, legislación que ha sido duramente criticada por algunos sectores de la sociedad chilena, ya fue promulgada por el régimen militar un día antes que Patricio Aylwin asumiera la Presidencia de la República.

La actual función del CSE es garantizar niveles mínimos de calidad para la educación superior, no obstante, suma a sus funciones la evaluación del marco curricular para la enseñanza escolar, tanto básica como media. Está compuesta por diez miembros, entre ellos representantes de las Fuerzas Armadas, pero no incorpora a alumnos, padres y apoderados, cuya participación que sí estaría considerada en el diseño del CNE.

La creación de este organismo no figura explícitamente entre las propuestas del Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación, que sesionó el año pasado luego de las protestas y toma de establecimientos por parte de los secundarios, que pusieron el tema en la agenda del recién llegado gobierno de Michelle Bachelet. Sin embargo, sí recomienda la modificación del CSE.

'El CSE debería tener la tarea de velar por la continuidad de las políticas educacionales, aprobar el currículum, los estándares para juzgar el desempeño del sistema y los requisitos de egreso de cada nivel de enseñanza. Esto exige, una composición del CSE más representativa de la sociedad y que cuenten con personas que posean conocimiento y familiaridad con el sistema escolar”, plantea el informe elaborado en su momento por el Consejo Asesor.

No obstante, la propuesta del CNE como tal sí aparece en el informe paralelo que presentó el Bloque Social tras marginarse del Consejo Asesor el año pasado. Este movimiento, compuesto por secundarios, universitarios, docentes, paradocentes, y padres y apoderados, entiende de la siguiente forma su conformación.

'El Consejo Nacional de Educación refuerza la línea de participación de la comunidad nacional [junto a los Consejos Escolares y los Consejos Escolares Territoriales]. Está integrado por representantes del Mineduc, universidades, profesorado, padres y apoderados, estudiantado y actores relevantes del mundo educativo nacional. En consecuencia, se elimina la participación de las Fuerzas Armadas y de instituciones que no jueguen un rol fundamental en educación. Será asesor directo del Ministro de Educación, pudiendo ser resolutivo en los aspectos que se determinen”, se describe en la contrapropuesta de los disidentes.

Lo que no está completamente claro es que si su rol será técnico, como hasta ahora lo es el CSE, consultivo o resolutivo, como quisiera el Bloque Social.

Más exigencias para sostenedores

La fecha del envío del proyecto al Congreso sólo depende de la evaluación que está haciendo el Gobierno en términos de impacto comunicacional por las actividades de semana santa de estos días, pero, como sea, los parlamentarios podrán comenzar el debate el martes a más tardar.

De acuerdo a las fuentes de El Mostrador.cl, el paquete de reformas del Ejecutivo contemplaría tres leyes: la que derogará la LOCE, la que evaluará el marco institucional –Superintendencia de Educación, entre otros-, y una relativa a la municipalización.

Se cree que la propia Presidenta Bachelet será la encargada de dar a conocer todo el detalle de la iniciativa que busca garantizar el derecho a una educación de calidad, principio que hasta ahora ha sido desplazado por la libertad de enseñanza en la LOCE.

Esa “libertad” es la que también ha sido cuestionada por sectores como el Bloque Social, quienes lamentan que la educación haya sido entregada al mercado permitiendo la creación indiscriminada de establecimientos, sin ningún control real de parte de autoridades como el Ministerio de Educación, quienes no tienen más herramientas que las que le ofrece la LOCE para evitar la entrada de malos sostenedores al sistema.

Es por ello, que el Ejecutivo también aumentará las exigencias para quien quiera colocar un establecimiento educacional. Por ejemplo, será requisito obligatorio tener un giro único ante el Servicio de Impuestos Internos [SII], que esté claramente relacionado con la educación y no otro tipo de actividades comerciales. Por ejemplo, la sociedad Inversal, administradora de los cuestionados colegios Britania de Manuel Hidalgo, no sólo tenían giro de establecimiento de enseñanza primaria, sino que también sobre arriendo de capitales mobiliarios.

El proyecto gubernamental también pedirá que los sostenedores demuestren patrimonio y antecedentes académicos acorde con el proyecto educativo que se intenta emprender, y no sólo cuarto medio rendido como ocurre hoy.

A todo lo anterior, se agrega la obligación de rendir cuentas [accountabillity] a todos los establecimientos que reciban subvención del Estado, con el fin que los padres, apoderados y alumnos, puedan identificar a los responsables de la mala calidad de la educación que están recibiendo.

Quienes han seguido el debate consideran que la rendición de cuentas no generaría mayor problema entre los actuales sostenedores, porque sólo se estaría modernizando la obligación que tienen quienes administran recursos estatales. Sin embargo, advierten que sí podría ser un punto de polémica la obligación de contar un giro único, especialmente si se esta medida se aplica en forma retroactiva a colegios en la actualidad por personas naturales y no jurídicas.

Adicionalmente, la nueva LOCE buscaría garantizar la calidad de la enseñanza, teniendo como parámetro referencia los Mapas de Progreso del Aprendizaje [MPA], herramienta educativa que permite, visualizar la realidad de los aprendizajes de cada alumno a lo largo del ciclo escolar y que dio a conocer este lunes la Ministra de Educación.

Al anunciar el envío de la reforma de la Ley Orgánica el Gobierno también daría a conocer la creación de una Superintendencia de Educación y la anhelada reforma al sistema municipal.

Fuente: Diario El Mostrador

Superintendencia de Educación

Ayer Jueves 24 de Mayo la Presidenta Bachelet firmó el decreto que crea la Superintendencia de Educación. ¿En qué consiste? ¿Cuáles serán sus atribuciones? En este artículo te mostraremos sus características.

Para el Gobierno la transformación para asegurar la calidad de la educación se sostiene en tres pilares fundamentales: un nuevo marco regulatorio, una nueva superintendencia y el esfuerzo financiero anunciado por la Presidenta en su Cuenta Pública el pasado 21 de Mayo.

- La labor central de la Superintendencia de Educación consistirá en fiscalizar el cumplimiento de estándares educativos y de gestión. Desde la sala cuna y el jardín, y en todo el sistema escolar.

- Será una institución robusta que tendrá atribuciones para fiscalizar el uso de los recursos públicos destinados a fines educativos, exigirá rendición de cuentas y verificará que los establecimientos educacionales cumplan con los requisitos.

- Tendrá amplias facultades investigativas, para lo cual podrá realizar visitas inspectivas, examinar operaciones y documentos relacionados con el fin educativo y ordenar auditorias respecto de ellos.

- Pondrá a disposición de la comunidad toda la información relativa a los establecimientos educacionales, sus sostenedores y docentes, y también sobre los logros de aprendizaje de los alumnos.

- Sus directivos serán escogidos mediante el sistema de Alta Dirección Pública, para garantizar el máximo profesionalismo e idoneidad.

- Contará con todas las atribuciones necesarias para instruir los procesos que corresponda de acuerdo a su trabajo de fiscalización o de las denuncias del público.

- Podrá sancionar debidamente a los infractores, incluyendo la intervención transitoria y, eventualmente, la revocación del reconocimiento oficial para casos de grave incumplimiento.

- El objetivo final de la Superintendencia es que al tener más recursos para mejorar la calidad de la educación, esta institucionalidad permitirá asegurar que estos recursos vayan acompañados de mayor control, pero a la vez de mejores resultados.

Juan Andrés Fontaine: ¿Se viene el populismo educacional?

El desastre del Transantiago ha alterado el clima político. La popularidad del Gobierno cae verticalmente. Cunde el nerviosismo en las filas del oficialismo. Renacen las expectativas electorales en la Alianza. La competencia política es sana porque permite mejorar la oferta de políticas públicas. Pero hay riesgos que ella desemboque en una carrera populista. Dos acontecimientos recientes deben servir como llamado de atención: uno, comparativamente menor, es el traspié parlamentario del Plan Chile Invierte; el otro, de carácter grave, es la reforma planteada para nuestro sistema educacional.

La principal medida pro inversión impulsada por el ministro Andrés Velasco ha sido torpedeada desde la Concertación. La fórmula de depreciación acelerada, aún si es temporal, es un poderoso estímulo a la inversión y la generación de empleos. Contrariamente a lo que dicen sus detractores, favorece especialmente a las empresas con escaso acceso al crédito (o alto costo de capital) entre las que se encuentran las PYME. Desde luego, ayuda a sólo aquellas que tienen expectativas de ganancia y planes de expansión. Hay otras que por su mal estado ameritan un tratamiento diferente. Pero, la desgravación tributaria propuesta del ministro Velasco es positiva para el crecimiento de todas las empresas y debió ser respaldada. La resistencia que ella ha despertado en influyentes líderes de la Concertación no hace sino confirmar que a ese bloque político le es ideológicamente difícil abrazar una genuina agenda en pro del crecimiento.

Ha llamado la atención que la iniciativa haya sido rechazada también por los senadores de la Alianza. Pero ello no debe sorprender. Su planteamiento es que la rebaja tributaria planteada es insuficiente, que debe ser reforzada con otras medidas a favor de las PYME. Se ha hablado de eliminar el impuesto al crédito y que la pequeña empresa tribute sólo sobre la renta retirada. Su voto de rechazo es táctico y no implica una discrepancia de fondo. La holgada situación presupuestaria permite al Gobierno hacer más por la inversión y la productividad. El proyecto de ley pasa ahora a comisión parlamentaria mixta, y allí sólo la tozudez política puede impedir un buen acuerdo para el bien de Chile.

Mucho más grave que esta escaramuza es el populismo educacional que revela el proyecto del Gobierno que sustituye la ley orgánica respectiva. Como se recordará, esta iniciativa proviene de las travesuras protagonizadas por los llamados pingüinos un año atrás, que dieran lugar luego a una amplia comisión de estudio. En ella el trabajo de los expertos consiguió acuerdos sensatos para perfeccionar el sistema vigente. Por cierto, estas propuestas estaban lejos de satisfacer las irreflexivas demandas de los estudiantes. Enfrentado a la amenaza de una nueva ola de protestas, el Gobierno ha optado por despachar al Congreso un proyecto populista, que mina las bases de nuestro sistema educacional.

Su centro de atención del no es el mal funcionamiento de la educación municipal, como debería serlo, sino la educación privada subvencionada. Específicamente, limita la iniciativa privada en el sector, prohibiendo a los establecimientos educacionales detentar fines de lucro e impidiendo la selección de estudiantes de enseñanza básica en las escuelas subvencionadas.

En su controvertido artículo 44, el proyecto excluye del reconocimiento estatal a todo establecimiento particular con fines de lucro, sea que reciba o no apoyo estatal. La Presidenta Bachelet y varios ministros, han negado que ese sea su espíritu, pero el texto así lo dice y hace extensiva la restricción incluso a los parvularios de barrio.

Tampoco hace ningún sentido circunscribir la prohibición a los establecimientos particulares subvencionados. El argumento que contiene el mensaje del proyecto de ley es insostenible. Porque la educación es un bien público, dice, “en caso alguno puede ser un negocio”. Desde luego ello es aplicable también a los colegios pagados, la salud, la vivienda social, las carreteras, las cárceles y tantos otros servicios de bien público en los que hoy buscamos interesar la iniciativa empresarial. Tampoco vale la justificación planteada por la autoridad, en cuanto a que se procuraría impedir el desvío de los dineros públicos hacia otros fines. Las entidades con fines de lucro suelen estar estrictamente vigiladas por sus dueños, sus acreedores y el Servicio de Impuestos Internos. En cambio, no siempre ocurre que las sociedades de beneficencia tengan sus cuentas claras.

Nuestro sistema educacional promueve la sana competencia entre los colegios para captar más y mejores alumnos, parcialmente financiados por la subvención escolar. Impedir la incursión en el terreno educacional de emprendedores con fines de lucro es cerrar la puerta a la competencia y la innovación. El proyecto eleva los requisitos de entrada y hace intransferible la calidad de sostenedor. Está bien que el estado controle la calidad e idoneidad de los nuevos colegios, pero no se ve por qué deban interesarse en conocer las calificaciones profesionales de sus dueños. ¿Qué propósito, sino burocratizar o estatizar, busca el Gobierno al imponer cortapisas a la inversión en un sector tan huérfano de capacidad de gestión?

La iniciativa gubernamental impide la selección de alumnos en la enseñanza básica que reciba aporte estatal. Ni siquiera el mérito vale. Sólo permite la selección por sorteo. Adicionalmente, la expulsión por mal rendimiento o por repetir curso queda prohibida en todo el sistema educacional. El propósito de esta disposición es eliminar el supuesto sesgo elitista de las escuelas y liceos de excelencia, pero estos son el mejor vehículo de ascenso social para los sectores de ingresos medios y bajos. La propuesta obliga a los establecimientos a nivelar su calidad hacia abajo. Además, impide a las escuelas ofrecer y cautelar sus propios proyectos educacionales, los cuales ya no podrán exigir a los alumnos compartir ciertos valores o poseer ciertos talentos, por ejemplo, artísticos o deportivos.

Todo esto atenta contra la libertad de elección en educación. La mitad de los estudiantes han sido voluntariamente enviados a escuelas privadas subvencionadas, y cerca del 50% de ellas tienen fines de lucro. De acuerdo a una encuesta de la Universidad del Desarrollo, casi un 70% de los padres querrían que sus hijos asistieran a una escuela particular subvencionada. La calidad académica es lejos lo que más valoran. Un 76% ellos prefieren la selección por mérito, sólo un 7% se inclina por el sorteo previsto en el proyecto.

Los expertos han discutido largamente y logrado importantes acuerdos en torno a las reformas que nuestro sistema educacional necesita para prestar un servicio de calidad. El proyecto gubernamental no los recoge. Por ejemplo, en lugar de prohibir la selección hay que establecer una subvención diferenciada según el nivel socio económico del alumno y facilitar el financiamiento compartido. Hay que oírlos, para detener el populismo educacional. Leer más...

Fuente: Diario La Segunda

Fundamentalismo en la educación

Escrito por Rodolfo Schmal

El proyecto de ley presentado por el gobierno destinado a modificar la LOCE actual está generando intensos debates que muchos ven con temor. En rigor son debates que se han estado posponiendo en aras de la armonía cívica, pero imprescindibles.

Con el transcurso de los días se van clarificando las posiciones en torno al proyecto de ley presentado por el gobierno que aspira modificar la LOCE actual. La semana pasada dejé constancia que la LOCE que nos rige fue promulgada un día antes que Pinochet entregara el gobierno, aunque con la precaución de no abandonar la escena y conservar el poder militar en calidad de comandante en jefe del Ejército como una forma de asegurarse que ni la LOCE ni otras leyes de amarre fueran modificadas. Tiempos de democracia vigilada.

Este dato no es marginal. Es preciso recordar que en su momento, la LOCE buscó plasmar el fundamentalismo de mercado en el campo educacional a sangre y fuego. En el ámbito político la derecha tomó sus resguardos imponiendo un sistema electoral binominal que ha inflado su peso político en el parlamento por sobre su peso real; en el ámbito comunicacional controla los principales medios de comunicación nacional. Una ley promulgada con rango tal que no basta una mayoría simple para cambiarla, lo que explica que a la fecha ni siquiera se haya intentado modificarla.

Fundamentalismo expresado en el desmantelamiento del rol estatal en materia educativa; la apertura de espacios al financiamiento privado en la educación y el financiamiento público a establecimientos educacionales privados con fines de lucro. No hay que olvidar que esto fue precedido en 1981 con el traspaso de las escuelas y liceos públicos a los municipios sin el correspondiente traspaso de recursos, atribuciones y competencias. Todo esto a espaldas de la ciudadanía.
La consecuencia no es sino la que observamos hoy. Una educación segregada, excluyente, desfinanciada, y de mala calidad. Suele ponerse énfasis que la educación municipal es de mala calidad, pero en honor a la verdad todo el sistema educacional chileno es de mala calidad, incluido el particular pagado. Las pruebas internacionales así lo demuestran.

Incluso más, me atrevería a afirmar que la educación particular es más ineficiente que la pública si se considera que opera con al menos el triple de recursos que los establecimientos municipales y con los sectores de mayor capital social-cultural. Por tanto, que sus alumnos obtengan más altos puntajes en las pruebas SIMCE o PSU no indican nada.

Bajo el actual sistema educacional, cuyo marco está dado por la LOCE actual, estamos perpetuando la segregación, incrementando la desigualdad social y la exclusión consiguiente. Con un sistema como el actual no tenemos futuro. Así de simple. El movimiento pingüino no hizo más que poner sobre la mesa esta realidad que no fuimos capaces de prever oportunamente.

Fuente: www.elamaule.cl

Nueva Ley: Cómo están reaccionando los sostenedores.

Advertidos de los alcances de la reforma, los propietarios de colegios subvencionados ven tambalear el negocio que crearon desde los años 80 con pingües beneficios. Aunque algunos visionarios ya crearon fundaciones para mejorar la administración de sus negocios.

Un estudio efectuado por Dante Contreras, investigador del Departamento de Economía de la Universidad de Chile, determinó que del total de colegios subvencionados, un 60% obtiene ganancias, o sea lucra. El estudio también ha establecido que la atomización del sistema es extrema, con un 90% de los sostenedores administrando sólo un liceo, la mayoría con baja matrícula.

La nueva ley prohíbe el lucro, a través de la conformación de corporaciones y fundaciones, y favorece la asociación de sostenedores para generar sistemas de administración menos costosos y más eficientes. En otras palabras, se da prioridad a la concentración de más colegios en manos de una razón social.

Si bien en el debate por el fin del lucro, la oposición ha señalado que la polémica medida generará un desincentivo a la empresa privada, la discusión de fondo parece apuntar a la concepción del modelo económico.

En este sentido, el académico de la Universidad Católica Sergio Martinic afirma que la transformación de los sostenedores no niega que obtengan un sueldo por su labor administradora, sino que el excedente se reinvierta en los colegios, resguardando “que los fondos públicos destinados a educación se ocupen en obtener una mayor calidad de enseñanza”, señaló a “La Tercera”.

Actualmente, un pequeño porcentaje de ex profesores posee imperios educacionales. Manuel Hidalgo –el ex megasostenedor de los malogrados colegios Britania, preso por Investigaciones– es el claro ejemplo del lucro y la irresponsabilidad de un particular sin controles adecuados.

Familia H.C., rica y desentendida de sus colegios

La familia Hormazábal y Calderón es dueña de los 15 colegios H.C. Libertadores. Actualmente no figuran como sostenedores, ya que delegaron la administración a grupos de profesores de su confianza. En cambio, conservan la propiedad del inmueble a través de la sociedad de inversiones El Trébol Ltda. y cobran un arriendo mensual por cada establecimiento. De esta forma obtienen sus ganancias.

Si bien Marco Antonio Hormazábal no reconoce que la relación de la familia con los colegios vaya más allá de la existente entre un arrendador y un arrendatario, hay dudas que sea estrictamente así. Cuando algún colegio tiene crisis intervienen y asumen temporalmente su administración. Actualmente administran el Saint Mark, que en el Simce de 2005 aparece bajo el promedio de su estrato socioeconómico. El José Artigas, el otro que administran directamente, en el Simce 2004 está entre 17 y 22 puntos bajo la comuna en todas las categorías.

Marco Antonio Hormázabal

“El cambio a la LOCE no nos afecta, pero sí a los sostenedores, que deberán constituirse como fundaciones o corporaciones. No estoy de acuerdo con eliminar el lucro, puesto que desmotivaría la creación de colegios y muchos de los actuales subvencionados con financiamiento compartido podrían transformarse en colegios particulares pagados”.

La exitosa Filomena, dueña de una universidad

Filomena Narváez, de 75 años, debe ser la sostenedora más exitosa del país. Pronto rindió frutos. Hoy es dueña de ocho establecimientos avaluados en cinco mil millones de pesos y de la Universidad Iberoamericana de Ciencias de la Información.

Entre sus “logros” se encuentra el construir colegios de gran volumen y bautizarlos con nombres en inglés, gancho perfecto en comunas con una clase media ascendente.

Sus resultados en el Simce son dispares. El más deficiente es el Chilean Eagles número 1 de Cerrillos. En las pruebas de lenguaje y matemáticas está entre 20 y 30 puntos bajo el promedio nacional.

El sobrino de Filomena, Jorge Cifuentes Narváez, de 62 años, comenzó bajo el alero de su tía, ayudando en la administración. Hoy es dueño de siete colegios y junto a su tía conforman el imperio más grande. Mientras que la casa de ella está avaluada fiscalmente en 641 millones de pesos, la de Jorge “sólo” en 550.

Aguilera, el visionario que ya tiene fundación

Víctor Aguilera cuenta con un patrimonio inmobiliario cercano a los tres mil millones de pesos. Profesor básico, cuando en 1981 el Estado dobló la subvención por alumno, comenzó su crecimiento progresivo. Actualmente, cinco de sus colegios se encuentran en una fundación en la que dice no obtener ganancias, mientras que el resto están a su nombre y ahí sí obtiene utilidades.

El problema son los resultados. Mientras sus establecimientos ubicados en sectores con más ingresos tienen mejores resultados, los que están en sectores más pobres dan lástima. El Liceo Metropolitano, por ejemplo, es famoso en Estación Central por ser el peor de la comuna. En el Simce de 2003 estuvieron 34 y 64 puntos por debajo del estrato socioeconómico en lenguaje y matemáticas. En la PSU 2005, sus alumnos obtuvieron un promedio de 432 puntos.

Víctor Aguilera

“La nueva ley no me parece acertada. Nos desincentivan a obtener ganancias, lo que es legítimo, además de ser un cambio en las reglas del juego. Ahora, el resto de mis colegios deberán pasar a formar parte de la fundación y no descarto utilizar la fórmula de las universidades que tienen inmobiliarias que prestan servicios a las fundaciones para obtener ganancias”

Los Romo, padrinos de la educación

Los Romo tienen un negocio familiar oriundo de Independencia. Entre padres, tíos, hijos y sobrinos suman 15 colegios dispersos entre Recoleta, Quilicura e Independencia.

Raúl Romo Valdivia es uno de los patriarcas. Su hijo, Raúl Romo Rojas, figura como sostenedor de los tres colegios que fundó su padre. El Liceo Avenida Independencia, en el Simce de 2003 ubicó a los alumnos de segundo medio 30 y 40 puntos por debajo del promedio de su grupo socioeconómico en lenguaje y matemáticas. A nivel regional, la diferencia se dispara. María, hermana de Raúl padre, conserva hasta hoy el Liceo Diurno Avenida Independencia, donde empezaron todos los Romo. El Simce de 2003 los posicionó como el peor de toda la comuna, con 43 y 50 puntos debajo de su grupo socioeconómico en lenguaje y matemáticas. De los 66 alumnos que rindieron la PSU el 2005, el promedio fue de 427 puntos, sin chance de postular a una universidad del Consejo de Rectores.

María Valenzuela Romo

“La ley aún está en pañales y es difícil presagiar el futuro. No creo que pase la fase del Senado, pero de suceder, si la educación es sin fines de lucro, la inversión privada va a desaparecer. En un liceo, yo tengo hipotecada mi casa, entonces el Estado me tendría que indemnizar de alguna forma, porque realicé una inversión muy fuerte en construirlo”.

Fuente: Diario La Nación

Provoste destaca rol de apoderados en debate deproyecto de Educación.

La secretaria de Estado se reunió con dirigentes de centros de padres y apoderados, oportunidad en la que señaló que ladiscusión sobre el proyecto que cambia la LOCE debe abrirse a puntos más allá del lucro y la selección.

Un importante rol en el debate en torno al proyecto de Ley General de Educación tendrán los padres y apoderados, aseguró este sábado la ministra del ramo, Yasna Provoste.

La secretaria de Estado hizo esta afirmación luego de reunirse con dirigentes de centros de padres y apoderados, cita tras la cual indicó que la discusión sobre el proyecto debe abrirse a puntos que más allá del lucro y la selección, que han marcado el debate a través de los medios de comunicación.

Según informó radio Cooperativa, la ministra indicó que el Estado busca asignar un importante rol a este sector, considerando que la iniciativa, que comenzará a ser debatida el martes próximo en la Cámara de Diputados "recoge un largo anhelo de los padres y madres".

Asimismo, destacó que el proyecto "reconoce la participación a través de los consejos escolares como un requisito fundamental para obtener un reconocimiento oficial, pero también esta ley permite que todos los miembros de la comunidad educativa conozcan a cabalidad cuáles son los profesores y profesoras que están enseñando a sus niños".

Por su parte, el presidente de los apoderados de colegios técnico-profesionales, José Alvarado, estimó que será responsabilidad de todos los sectores que el Parlamento apruebe el mejor texto posible.

"El camino va hacia lo que todos estábamos pidiendo. Estábamos pidiendo una mejor calidad de educación, que en el fondo es el tema. Hay varias aristas que han ido naciendo y que se han ido tomando y que se le han dado más importancia que el objetivo general", señaló.

Fuente: Diario El Mostrador